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Los recursos de protección contra las isapres presentados en Santiago en 2011 triplican la cifra del

Los recursos de protección contra las isapres presentados en Santiago en 2011 triplican la cifra del año anterior.

Ante el explosivo aumento de reclamos contra estas instituciones, el tribunal de alzada capitalino adoptó una serie de medidas para agilizar su tramitación; sin embargo, al cerrar el año aún había retraso. Abogados opinan sobre un fenómeno que parece haber llegado para quedarse.

Durante 2011 ingresaron 21.497 recursos de protección contra isapres a la Corte de Apelaciones de Santiago, según las estadísticas del Poder Judicial. Éstos representan el 83,4% de acciones constitucionales presentadas el año pasado y cerca del 40% del total de causas que tramitó el tribunal de alzada capitalino en ese período.

Sumados los recursos contra instituciones de salud previsional y aquellos dirigidos contra otros, sean particulares o entidades fiscales, la cifra asciende a 25.767 y los registros de la misma Corte revelan que, en el último año, 3.916 quedaron pendientes.

Pero el fenómeno no es nuevo. El sostenido aumento de recursos presentados -en especial aquellos dirigidos contra isapres- está reflejado en los datos estadísticos anuales de Santiago. En 2008 hubo un ingreso de 6.958, al año siguiente, de 7.792 y luego, en 2009, llegó a 9.070.

¿A qué se debe el explosivo crecimiento? Para Patricio Zapata, decano de la Facultad de Derecho de la U. de las Américas, es el resultado de "lo tarde y mal que respondió el legislador a las demandas y necesidades" de los usuarios. Lo ideal -dice- es que "sea la ley y no el juez quien asuma la tarea de corregir los vacíos regulatorios", pero como recién en 2005 se aprobó una reforma legal, los afiliados ya habían comenzado a utilizar el recurso de protección.

A su juicio, no obstante, lo interesante es que "las mismas cortes, que estaban empezando a recortar el alcance de esta acción cautelar, no dudaron en buscar fórmulas interpretativas flexibles para acoger recursos en relación con un derecho que, desde el punto de vista del lenguaje estricto de la Carta Fundamental, no está amparado por este recurso".

Hoy, las cifras continúan creciendo y, de hecho, el año pasado la alta judicialización de reclamos contra isapres -siendo el más común el alza de planes- hizo que los ingresos triplicaran las cifras de 2010, superándose incluso la suma de los tres años anteriores (23.635).

Rodrigo Delaveau, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, cree que este aumento puede tener su origen en una interpretación errónea de la finalidad para la cual fue creada la institución. "(Es) un mecanismo eficaz de defender casos puntuales de vulneración de derechos fundamentales, (pero) de ahí a que sirva para resolver todos los casos de problemas jurídicos es un error", comenta.

Es una acción que busca solucionar un problema de carácter urgente, no es un instrumento para resolver cuestiones de fondo, y "desde ese punto de vista, quizás, se ha abusado de la figura", advierte.

Para descomprimir el sistema, el profesor de Derecho de la U. Diego Portales Javier Couso considera que una vía sería la creación de un sistema de tribunales contencioso administrativos. Hoy -afirma- el recurso de protección "sigue jugando un rol (...) porque es una manera de llegar rápido a la corte de apelaciones y porque es bastante más expedito que una acción ordinaria". Esta solución, sin embargo, está en manos del legislador.

Las medidas

Ahora, este tema no sólo preocupa a los abogados, sino también al Poder Judicial. Ya en agosto de 2010 -tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la tabla de factores (1710 - 2010)- la cantidad de recursos que estaba llegando a la Corte había alertado a los ministros de Santiago que la tendencia seguía al alza y, en marzo del año pasado, el pleno resolvió adoptar una serie de medidas (Auto acordado de la Corte de Santiago, 28 de marzo 2011) para regularizar los plazos de tramitación y fallo de estos recursos (Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, 24 de junio 1992).

Con este nuevo modelo, la Corte logró fallar 21.851 protecciones en 2011, pero a pesar de la alta tasa de sentencias dictadas no consiguió ponerse estar al día. Así lo reseña la ministra visitadora del tribunal de alzada capitalino, Gabriela Pérez, quien en su informe plantea -en términos generales- que "en la Corte de Apelaciones de Santiago preocupa el considerable número de acuerdos fallados y pendientes de fallo fuera de plazo".

Sobre las protecciones, en particular, la magistrada consigna en su reporte que al 24 de noviembre de 2011 había 7.842 escritos pendientes, de los cuales 5.360 corresponden a "tramitación antes de dictar sentencia" y 2.482 están relacionados "con el cumplimiento del fallo y pago de costa.

Fuente: El Mercurio.